Tomado del Blog de la Defensoría del Pueblo

En los últimos años hemos podido ser testigos como, tanto a nivel nacional como internacional, se ha otorgado un mayor reconocimiento a los derechos de las mujeres. No obstante, si bien ha existido un avance formal en esta materia, la prevalencia de ciertos prejuicios y estereotipos culturales sobre los roles de género presentes en nuestra sociedad impide que estos avances puedan reflejarse en la realidad.

La violencia contra la mujer, cuya expresión más grave es el feminicidio, sigue siendo un tema prioritario en nuestro país, donde la magnitud de la misma afecta de manera negativa la vida de muchas peruanas. Así, de acuerdo a los últimos datos publicados por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, durante el año 2010, 117 mujeres fueron víctimas de feminicidio, mientras que otras 43 lograron sobrevivir al ataque de sus agresores.

Según revela un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo basado en la revisión de expedientes de los distritos judiciales de Ayacucho, Junín, Lima, Puno y San Martín relacionados con este tipo de casos, los agresores tienden a responsabilizar a las víctimas y justificar su actuación argumentando una supuesta infidelidad, celos, la negativa a continuar con la relación o simplemente por no servirle el almuerzo.

En estos procesos, los jueces no toman en cuenta la gravedad del delito cometido. El informe “Feminicidio en el Perú: Estudio de expedientes judiciales”, elaborado por la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, señala que es común encontrar casos donde los agresores reciben penas menores a las establecidas legalmente. Es así que, de los 23 casos donde el agresor recibió una sentencia condenatoria, en 10 de ellos se dictó una condena inferior a la establecida en la ley penal, mientras que en cinco casos el agresor recibió el beneficio de la semilibertad.

Tampoco se valora adecuadamente el daño causado a la víctima. En el mencionado informe se identificó que no existen criterios uniformes para establecer el monto de reparación civil, habiéndose encontrado sumas que oscilan entre los 800 y 50 000 nuevos soles, aunque en la mayoría de los casos dichos montos no superan los 10 000 nuevos soles.

Estos hallazgos muestran que la impunidad no solo se produce cuando los asesinos de estas mujeres son absueltos, sino también cuando estos reciben una sanción que no es equivalente a la gravedad de los hechos de violencia cometidos.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “La impunidad en los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia.”

En este sentido, los resultados del estudio realizado por la Defensoría del Pueblo deben  ser considerados como un llamado de alerta que tiene por finalidad cambiar la situación de las mujeres que sufren violencia y coadyuvar con la justicia en el tratamiento de estos casos. La labor que desplieguen las autoridades competentes ayudará a prevenir que otras mujeres pasen a engrosar el número de victimas de feminicidio.

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Patricia Verónica Sarmiento Rissi

Comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer