Tomado de APRODEH

Este domingo 13 de febrero se cumplen 22 años del asesinato de los dirigentes Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. Sus familiares, enfrascados en una eterna batalla judicial, ven con indignación cómo el Estado no sólo evade la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino que aun mantiene en la impunidad a los responsables de los hechos, los integrantes del Comando Rodrigo Franco.

En agosto del 2007 la Corte IDH responsabilizó al Estado Peruano por ambas muertes. De esta sentencia, el Estado sigue sin cumplir con la realización de una ceremonia pública de reconocimiento por su responsabilidad y desagravio a las víctimas, el pago pendiente del 23% de la reparación, así como de sancionar a los responsables, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto por la Corte.

En mayo de 2008, acogiendo la denuncia de la Segunda Fiscalía Penal, el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, Armando Salvador Neyra, abrió proceso judicial contra el ex ministro del Interior del primer gobierno aprista, Agustín Mantilla -creador del grupo paramilitar Rodrigo Franco- y Jesús Ríos Sáenz, "Chito Ríos". En agosto del 2009, ante los intentos de Mantilla por lograr la prescripción del caso, el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial resolvió declarar infundada la excepción de prescripción planteada por la defensa de Mantilla, al considerar que por tratarse de delitos de lesa humanidad, éstos son imprescriptibles.

Sin embargo, tratando de pasar por alto lo resuelto por dicho Juzgado Penal y buscando la nulidad del proceso, la defensa de Mantilla planteó el Habeas Corpus que en setiembre del 2010 el Juez Juan Elías Changanaqui Romero del 35 Juzgado Penal de Lima, tras señalar que el crimen contra Saúl Cantoral y Consuelo García no constituyó delito de lesa humanidad –lo cual cuestionamos enérgicamente por contradecir el criterio firme del juzgado y la Sala Penal Nacional de calificarlos como lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles-, declaró fundado a fin de archivar el proceso apelando a la prescripción de los hechos.

Afortunadamente en noviembre del mismo año, ante la apelación interpuesta a dicha resolución, la 3ª Sala Penal de Reos Libres revocó el Habeas Corpus al considerar que los  crímenes que se investigan son de lesa humanidad, por lo que no pueden  ampararse  en la prescripción. Tras la revocación, Mantilla solicitó un recurso para llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC), el cual le fue concedido. El TC se pronunciará próximamente.

Los familiares esperan que el TC confirme lo resuelto por la 3ª Sala. Sin embargo, con ello se alarga mucho más un proceso que lleva 22 años sin resolver, y que ocasiona más dolor a los familiares de las víctimas.

Conmemoración

Este viernes 11 y domingo 13 de febrero, los familiares de Saúl Cantoral y el gremio sindical de trabajadores mineros realizarán una serie de actos de homenaje en su memoria, demandando celeridad y sanción a los responsables de este crimen. Adjuntamos el programa de actividades.

Jesús María, 10 de febrero del 2011