Comunicado de Libertades Laicas en el Perú

Hace algunos días, el 5 de marzo precisamente, el cardenal Juan Luis Cipriani, después de instar a los candidatos presidenciales a no mentir a la población, los conminó a revelar sus intenciones acerca del tema del aborto y el matrimonio gay.

Es evidente que cualquier sector social podría solicitar una interlocución a sus candidatos, pero la iglesia católica lo hace a expensas de dos temas controversiales –el de la sexualidad y la reproducción- con los que pretende sujetar al poder político y a las masas que controla. La iglesia católica insiste una vez más en no aceptar otros argumentos distintos a los suyos en cuanto a las duras realidades del incesto, el embarazo a temprana edad, la mortalidad materna por aborto, la familia monoparental, los crímenes de odio por orientación sexual, la violencia contra niños de distinta orientación sexual, la ignorancia en cuanto al contagio de las enfermedades sexualmente transmisibles y el relegamiento de la mujer a las posiciones más marginales de la sociedad, todas ellas realidades en nuestro país, temas tan importantes como el derecho a un trabajo dignamente remunerado y a la vida misma.  Invita a “dialogar”, cuando lo único que hará será ejercer un poder de veto ante quien disienta de su parecer.

Sin embargo, a los candidatos les interesa acercarse a ella, a sabiendas de lo que ocurrirá, como si de antemano claudicaran a cualquier oposición. Nos preguntamos si un verdadero político o demócrata renunciaría a pronunciarse sobre los problemas mencionados en el párrafo anterior. ¿Qué buscan entonces los candidatos al aceptar este llamado? ¿Acaso un respaldo institucional que les facilite el voto de sectores que aceptan vivir en una sociedad indiferente a la problemática sexual y reproductiva? ¿Acaso no nos repugna como ciudadanos, que se negocien votos a cambio de silencios en nuestras narices? ¿Acaso este tipo de “diálogos” no nos indigna tanto como los audios que delatan a una política que se corrompe ante la ambición de llegar al poder?

No está de más recordar a los candidatos que un principio de la democracia moderna es velar por los derechos humanos de todos sus ciudadanos sin preferencia de ningún credo, y que las leyes votadas por el Legislativo no tienen que esforzarse en coincidir con las leyes de ningún dios sino en lo posible contemplar las necesidades reales de la población. Dicho lo cual, también es necesario advertir sobre el peligro de la instrumentalización, de tanto discursos como grupos religiosos, en la competencia electoral. No deseamos la muerte de la política y por lo tanto, la muerte de la democracia bajo la adopción de algún dogma divino.

Estas elecciones deben hacer caso omiso a dogmatismos por más votos que ellos representen, el Perú no necesita de más autoritarismos. Nuestro país requiere avanzar en relación a su historia pasada de estado colonial tutelado por poderes de hecho, como las fuerzas armadas y las iglesias. Avanzar hacia iguales niveles de ciudadanía en su población de hombres y mujeres, libres de cualquier tipo de discriminación, con autonomía sobre sus vidas y sus cuerpos.

Lima, 21 de marzo de 2011

Hace algunos días, el 5 de marzo precisamente, el cardenal Juan Luis Cipriani, después de instar a los candidatos presidenciales a no mentir a la población, los conminó a revelar sus intenciones acerca del tema del aborto y el matrimonio gay.

Es evidente que cualquier sector social podría solicitar una interlocución a sus candidatos, pero la iglesia católica lo hace a expensas de dos temas controversiales –el de la sexualidad y la reproducción- con los que pretende sujetar al poder político y a las masas que controla. La iglesia católica insiste una vez más en no aceptar otros argumentos distintos a los suyos en cuanto a las duras realidades del incesto, el embarazo a temprana edad, la mortalidad materna por aborto, la familia monoparental, los crímenes de odio por orientación sexual, la violencia contra niños de distinta orientación sexual, la ignorancia en cuanto al contagio de las enfermedades sexualmente transmisibles y el relegamiento de la mujer a las posiciones más marginales de la sociedad, todas ellas realidades en nuestro país, temas tan importantes como el derecho a un trabajo dignamente remunerado y a la vida misma.  Invita a “dialogar”, cuando lo único que hará será ejercer un poder de veto ante quien disienta de su parecer.

Sin embargo, a los candidatos les interesa acercarse a ella, a sabiendas de lo que ocurrirá, como si de antemano claudicaran a cualquier oposición. Nos preguntamos si un verdadero político o demócrata renunciaría a pronunciarse sobre los problemas mencionados en el párrafo anterior. ¿Qué buscan entonces los candidatos al aceptar este llamado? ¿Acaso un respaldo institucional que les facilite el voto de sectores que aceptan vivir en una sociedad indiferente a la problemática sexual y reproductiva? ¿Acaso no nos repugna como ciudadanos, que se negocien votos a cambio de silencios en nuestras narices? ¿Acaso este tipo de “diálogos” no nos indigna tanto como los audios que delatan a una política que se corrompe ante la ambición de llegar al poder?

No está de más recordar a los candidatos que un principio de la democracia moderna es velar por los derechos humanos de todos sus ciudadanos sin preferencia de ningún credo, y que las leyes votadas por el Legislativo no tienen que esforzarse en coincidir con las leyes de ningún dios sino en lo posible contemplar las necesidades reales de la población. Dicho lo cual, también es necesario advertir sobre el peligro de la instrumentalización, de tanto discursos como grupos religiosos, en la competencia electoral. No deseamos la muerte de la política y por lo tanto, la muerte de la democracia bajo la adopción de algún dogma divino.

Estas elecciones deben hacer caso omiso a dogmatismos por más votos que ellos representen, el Perú no necesita de más autoritarismos. Nuestro país requiere avanzar en relación a su historia pasada de estado colonial tutelado por poderes de hecho, como las fuerzas armadas y las iglesias. Avanzar hacia iguales niveles de ciudadanía en su población de hombres y mujeres, libres de cualquier tipo de discriminación, con autonomía sobre sus vidas y sus cuerpos.

Lima, 21 de marzo de 2011